Si con la definición formal de España como un Estado democrático creemos que está todo hecho nos estamos equivocando y muy gravemente. En no pocas ocasiones se producen colisiones entre la soberanía nacional manifestada a través de las urnas y otros intereses, que al contrario de los primeros, no están legitimados por el apoyo de una mayoría representada por el voto. Nuestros intereses colectivos y nuestra voluntad como pueblo no están siendo respetados como debieran y menos aún en este momento.
Ejemplificando lo dicho, pensemos en cuántos organismos internacionales, o lo que es peor, intereses económicos, acaban por torcer cuando no contravenir, los intereses generales o lo votado por los españoles democráticamente.
Por ser la economía un asunto protagonista comencemos por esta materia. Pensemos en la llamada troika. Conformada por la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, a pocos se les escapa que las directrices marcadas por este organismo pesan mucho, cuando no son determinantes, en la política económica que sigue nuestro Gobierno. A ella le debemos subidas de impuestos, recortes sociales y otras pérdidas de derechos muy dañinas y dolorosas. La troika y los miembros que la conforman no han sido elegidos por nuestros votos, y sin embargo, sus criterios han sido bastante más obedecidos que el de un votante cualquiera del PP que en las últimas elecciones generales confiara en este partido para bajar los impuestos tal y como recogía su programa.
Sigamos con las compañías eléctricas, otro problema de actualidad. Sube sin parar el recibo eléctrico y el Presidente del Gobierno, que tiene el mandato de gobernar auspiciado por el resultado de las urnas, nos dice que "intentará" hacer todo lo posible para evitar esa subida del recibo. Las declaraciones de Rajoy al respecto no pueden ser más desesperanzadoras para aquellos que legítimamente pretendemos que sea el interés general el que prime en toda decisión que nos afecte, como es el caso, ¿nos está diciendo Rajoy que un jefe de Gobierno respaldado por una mayoría absoluta no tiene la capacidad de impedir las pretensiones de unas empresas cuando es evidente el daño que producen al interés general? A las compañías eléctricas tampoco las hemos elegido con nuestro voto.
Podríamos continuar este relato por las malas prácticas seguidas por los bancos, sin que el Estado haya puesto coto a sus desmanes por todos conocidos, por el abuso de las compañías petrolíferas en los precios que cobran por el combustible, por las prácticas de las empresas de telefonía móvil, tan ampliamente criticadas por los consumidores... En definitiva, el ciudadano se pregunta para qué sirve el Estado, además de recaudar impuestos, si no es para ejercer la fuerza que democráticamente le corresponde para hacer primar en cualquiera de estos casos el interés general de los españoles sobre otros distintos y poner fin al abuso ejercido por quien solo obedece a sus propios intereses sin tener el respaldo de los votos.
La respuesta es que, para que esa voluntad general sea efectiva, es necesaria la existencia de un Estado fuerte, producto de la soberanía nacional, que tenga la última palabra en todo aquello que afecte a los intereses generales de los españoles.
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