SERVIDORES Y SERVIDOS

Igualdad, mérito y capacidad son los principios informadores que la Constitución y las leyes prescriben para el acceso a la función pública. Igualdad para perder poder adquisitivo tanto en épocas de bonanza como de crisis económica, mérito para ser los primeros en ver sus condiciones laborales mermadas, y capacidad para ser los grandes pagadores de las crisis originadas por otros. Este es el papel que desdichadamente les toca afrontar a los empleados públicos en el transcurso de su vida profesional. Se me ocurren pocos colectivos igual de castigados cuando las cosas vienen mal dadas.

A todo lo dicho anteriormente se añade además una leyenda negra de trabajadores poco productivos, cuando no holgazanes. Pero estos vituperios no son sino infundios que responden a la envidia de aquellos que no han tenido los arrestos suficientes para superar unas oposiciones, la ignorancia, o al mal ejemplo de algunos, que como en todos los colectivos, afean y restan lustre a una labor colectiva ejemplar y necesaria. El funcionario, para serlo, ha debido de trabajarse previamente una formación académica necesaria para poder aspirar a la plaza a la que oposita, posteriormente, hacer un desembolso importante para prepararse con garantías aquellos exámenes que le abran las puertas de un empleo público, sacrificar su tiempo y en muchos casos a la propia familia en esta tarea, y finalmente competir con auténticas legiones de aspirantes que al igual que él entran pelean para hacerse con este premio a la constancia, el sacrificio y el esfuerzo, que es trabajar para la administración.

Cuando hablamos de funcionarios tendemos a pensar en burocracia y labores de naturaleza administrativa, pero no debemos olvidar que los médicos que nos curan, los maestros que nos educan, los jueces y fiscales que luchan a diario por la consecución de algo tan bello como la Justicia, Guardia Civil y Policía Nacional que velan por la salvaguarda de nuestros derechos e integridad, ingenieros, investigadores... también son funcionarios. Son sus cargos y desempeños la encarnación de la más alta dignidad que le pueda corresponder a un sujeto que forma parte de una institución política como es el Estado, el servicio a los fines del interés general y del bien común, el servicio público.

Por eso es especialmente grave que sea la propia administración, que tendría que ser la primera en velar por el bienestar e indemnidad de sus propios trabajadores ajenos a toda culpa, la que con menos respeto trata a sus empleados. Recortes y congelación de salarios, pérdida de derechos, subidas de impuestos... así, la administración, a través del Gobierno, prevé en los presupuestos de este año 2014 un incremento del 2,4% para asesores y cargos de libre designación, en su mayoría, personas del todo ajenas a estos fines de interés público y verdaderos culpables del sambenito colocado a los restantes perceptores de sueldos públicos que verán reducido el presupuesto correspondiente a su partida en un 1,47%. Así, sencillamente, se comete una de las peores injusticias posibles por quien debería ser el garante de evitar esta situación de desamparo.

Todo esto hace especialmente doloroso que los funcionarios y demás empleados públicos de mérito acreditado, nuestros trabajadores y servidores, sean los primeros siempre en pagar las culpas de todos aquellos que jamás han oído hablar en sus vidas de mérito, igualdad y capacidad y sí de enchufes y dedazos.

DE PROFESIÓN, POLÍTICO

A día de hoy las novedades que sitúan a Fernández de Moya fuera de la alcaldía de Jaén no van más allá del mero rumor especulativo no teniendo siquiera la consideración de noticia. Se dice que no va a terminar su mandato al frente del Ayuntamiento de Jaén, que le aguarda un puesto como Secretario General del PP Andaluz cuando se renueve su cúpula, y también se ha dicho que podría entrar en los planes de una crisis de Gobierno del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En cualquier caso, más allá de lo que vaya a suceder en este punto, hay una reflexión que se abre paso incontenible cuando se habla del destino que va a seguir tal o cual político.

Siempre he creído que la vocación de servicio público tiene que ser el detonante que empuje a una persona a dedicarse a la política. A la misma vez, también estoy de acuerdo en que por la responsabilidad que asume el político, esté remunerado y bien remunerado, con dignidad. No haré demagogia en este aspecto. Esto que defiendo no es otra cosa que lo que se ha venido a llamar político profesional (un servidor público electo que mientras desempeña sus cometidos cobra por ello).

El problema surge cuando se pasa de ser político profesional a ser profesional de la política, dos conceptos radicalmente opuestos. Así, ejemplos de esto último no nos faltan sino que abundan, políticos que cuentan sus años en la cosa pública por décadas. Los profesionales de la política de los que hablo han sido de todo, concejales, alcaldes, parlamentarios, senadores, diputados, ministros… ¿Dónde está el colmo para esa “vocación de servicio público” en este tipo de casos? ¿De verdad puede sentir una misma persona el sano deseo de ser todo eso?

Creo que alguien que quiera estar un tiempo en política (nótese también la diferencia entre estar en política y ser político), debe fijar bien sus preferencias desde un principio y acotar por sí mismo el tiempo de su vida que tiene previsto dedicar a la misma. Es cierto que quienes incurren en esta situación vuelven a ser votados elección tras elección por los votantes y por ello se alargan sus mandatos. Pero también es cierto que son los partidos sobre los que normalmente ostentan posición de poder, los que por el sistema que tenemos, los vuelven a designar una y otra vez para tal o cual puesto sin reparar en nada más que en la victoria electoral.

En esta situación se encuentra también nuestro alcalde pese a su juventud, porque a sus cuarenta y cuatro años ya ha sido concejal, parlamentario andaluz y ahora es senador, alcalde y presidente del PP provincial desde el año 2000.

Si el alcalde lee esto, no se enfade, pondere el consejo que le doy y cuando deje de serlo ahora o más tarde, no se deje cegar por las pompas del poder y piense que su profesión es la de profesor universitario de la Universidad de Jaén, él bien lo ha dicho en varias ocasiones.

UNA DEUDA GENERACIONAL

En un reciente estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud realizado a jóvenes de 18 a 24 años se desprende que el 48,6% de los jóvenes españoles de ese rango de edad aceptaría cualquier trabajo, en cualquier lugar y aunque tenga un sueldo bajo. Asimismo, el 84,9% considera muy o bastante probable tener que trabajar en lo que sea y el 61,7% considera igual de probable tener que irse al extranjero. Estos datos son fiel reflejo de lo que vemos en nuestra propia casa, nuestra familia o nuestro entorno, y revelan la situación de falta de empleo por la que atraviesan los jóvenes en España, pero lo más importante, señalan la existencia de una desesperanza acuciante que ha desembocado en una triste resignación y asunción de una realidad de rostro arisco e inmisericorde que está dando al traste con las legítimas aspiraciones de quienes ninguna culpa tienen de estas circunstancias.

Más bien al contrario, hay toda una generación a la que le fue transmitido el siguiente mensaje, “estudia para labrarte un buen trabajo, algo de provecho”. La juventud ha estudiado para lograr esta promesa, pero hecho el esfuerzo no ve el resultado. El paro y la precariedad laboral son pandemia en la sociedad española, pero castiga con especial saña a los jóvenes, también a los que cuentan con un nivel de estudios universitarios o superior. No hay trabajo, y en el mejor de los casos, aquel que lo encuentra raramente lo ve corresponderse con aquello que podía esperar debido a su preparación. Partiendo de la base de que todas las profesiones son igual de dignas y respetables, tenemos médicos o juristas que ejercen de dependientes de grandes almacenes o camareros; o ingenieros, que deben huir al exterior en busca de una oportunidad para desarrollarse profesionalmente, por citar algunos ejemplos.

Esta encrucijada constituye la mejor forma de tirar a la basura años de formación de buenos profesionales así como el coste generado a la administración en esta educación. Más aún, la frustración de unas esperanzas puestas en poder llevar una vida cómoda o al menos digna. Igualmente, no sólo los jóvenes afectados por el desempleo han sido los grandes perjudicados por la coyuntura económica, sus padres, artífices mediante su sacrificio de que sus hijos hayan podido estudiar, querían para ellos una vida y profesiones que ahora se les niegan. La desilusión es doble.

No puede pedírsele más a esta juventud, la crítica está justificada. Sería erróneo incluso achacar a la cuestionada calidad de la educación en España el origen de este problema, han sido instruidos en la educación que previamente se ha planificado por quien la imparte.

Así, volviendo al título de este artículo, hay una deuda cierta, real y de obligatorio cumplimiento con toda una generación, esa de la que habla el estudio dicho y que está en peligro de arrastrar de por vida las consecuencias del paro y la precariedad laboral, una vida supeditada a estas condiciones. Por eso, si alguna vez remonta la situación económica en España, se tendrá que hacer justicia con esta juventud que todavía espera lo que legítimamente se le debe.

NI DERROTADOS NI VENCIDOS

No podía ser otro el escenario elegido que un antiguo matadero el lugar donde se escenificase el sábado pasado una exhibición genuinamente macabra, la de setenta presos de ETA puestos en libertad a raíz de la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot. Fue en la localidad vizcaína de Durango, y en dicho acto, los autodenominados “luchadores del movimiento de liberación” exigieron la inmediata amnistía total para el resto de etarras encarcelados, en su argot, “víctimas del conflicto”.

Claro está, la lista de agravios y humillaciones causadas no estaba aún completa para ellos en toda esta lóbrega historia. A la libertad decretada para unos asesinos que han manchado sus manos con la sangre de la muerte y mutilación de hombres, mujeres y niños, se une que muchos de ellos han penado escasamente unos meses de cárcel por cada una de las víctimas causadas. Posteriormente, tuvimos que aguantar el ver cómo eran recibidos en sus pueblos con auténtica alegría y alborozo. Ahora comparecen públicamente con absoluto descaro, declarándose, como se ha hecho por boca de José Antonio López Ruiz, Kubati (etarra condenado por 13 asesinatos) "receptores directos del sufrimiento padecido y generado".

En cualquier caso este acto no debe de extrañarnos o escandalizarnos sabiendo de quiénes proviene, porque esto y más cabe esperarse de etarras. No es así la reacción que cabría esperar de un Estado regido por instituciones mínimamente serias ¿Imaginan una comparecencia pública de Bin Laden en territorio estadounidense haciendo rechifla de sus masacres? ¿Y en Reino Unido? ¿Francia? ¿Rusia? Pues en España esto sucede. Sucede y se consiente por quienes están en la obligación no ya legal, sino moral, de impedirlo a toda costa, puesto que su sola posibilidad de producirse, es la constatación de hasta qué punto están degradadas las instituciones de un Estado que son incapaces de proteger su misma existencia, que es lo que por otra parte, estos setenta etarras y todos sus compinches han negado a través del asesinato durante todo este tiempo.

El Gobierno no puede excusarse como así pretende en la decisión de un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de no impedir el acto de Durango para así eludir cualquier responsabilidad. Si el criterio del juez ha sido el de no evitar el escaparate etarra, el del fiscal ha sido exactamente el mismo, recordando eso sí, que la fiscalía actúa funcionalmente por dependencia jerárquica y al Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno. El Gobierno ha tenido ya muchas oportunidades y ocasiones de promover la acción de la Justicia contra ETA y sobre todo su mundillo político (SORTU y BILDU) y no lo ha hecho, y eso no es por falta de medios sino por falta de voluntad.

En definitiva, todo esto no hace sino desmentir un mantra que por más veces repetido no es cierto. ETA no está derrotada ¿Cómo iba a estar derrotada una organización criminal que no se ha disuelto, que no ha pedido perdón, que no ha entregado las armas, que no ha reparado a sus víctimas y que se permite el lujo de presentarse impunemente ante la sociedad en semejante ejercicio de cinismo y escarnio?