El problema, hablando en términos generales, es el mismo de siempre, y no es otro que el de una necesidad acuciante entre la población española y una escasez de recursos para responder a la misma. Ahora, abordando un caso en concreto procedente de lo anterior, traeré a colación el de un joven al que asistí en su condición de imputado cuando hubo de declarar ante el Juez. No tiene trabajo ni casa y su falta fue la de ocupar unas instalaciones, abandonadas, de propiedad municipal. Había acudido al asistente social de su municipio y a la caridad de su parroquia, pero sin demasiado éxito. El hospedaje y las atenciones que estas instituciones podían procurarle, decía, estaban ya siendo empleadas por extranjeros, excluyendo en consecuencia la posibilidad de ayudarlo.
Decir esto no es racismo ni xenofobia. Es el retrato de una realidad percibida ya por muchos españoles, que ven cómo sus necesidades son aparcadas en favor de los extranjeros. Nadie en su condición humana puede negarle el pan al hambriento ni el techo al que carece de él, indistintamente de su procedencia, porque no se trata de negar la ayuda, sino de priorizarla. Cualquiera de nosotros acudiría en socorro de su familia, de sus amigos o de sus vecinos, antes de ayudar al extraño, porque esto último es de sentido común. Pues con la administración debería resultar exactamente igual. Sin embargo, la Ley de Extranjería menciona hasta once veces la fórmula “mismas condiciones” para referirse al acceso de los extranjeros respecto de los españoles a la educación, la sanidad, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, la prestaciones sociales, etc. Considero producto de una equivocada visión de la solidaridad esta concepción del reparto de los recursos públicos. Porque antes que la solidaridad, que se practica respecto del igual pero extraño, está la fraternidad, que se practica con el “hermano”. Pero no nos engañemos, porque esa injusticia que se comete por abajo, se comete también por arriba, por los pudientes. Porque entonces me dirán el motivo de tanta lisonja y alfombra roja a las fortunas extranjeras para que inviertan su dinero en España, en condiciones y con beneficios fiscales que los españoles ni soñarían. Hablo de los compradores del “stock” de vivienda que proceden de Rusia, Alemania, Bélgica o Francia. A nadie en el poder se le ha ocurrido tampoco facilitar la compra de esas viviendas por tantos jóvenes españoles que bien las necesitan.
En definitiva, no se trata de excluir a nadie, sino a primar y a priorizar a los de casa, a no desamparar ni agraviar a nadie y, menos aún, en su propio pueblo o país.
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