El pasado día 6 de diciembre se celebró el treinta y seis cumpleaños de la Constitución Española y el aniversario tiene lugar cada vez con más voces que o bien abogan abiertamente por su reforma o bien la sugieren. Los debates abiertos acerca de su reforma giran en torno a varios asuntos y no de poca importancia. Desde la organización territorial del Estado, pasando por la reconfiguración de los principios rectores de la política social y económica, hasta la reforma del Poder Judicial y hasta el modelo de Estado monarquía o república.
Pues a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed, que las Cortes vinieron a aprobar y el pueblo español a ratificar ese día seis de diciembre de 1978, una Constitución cuyo mayor defecto es que no se cumple. La Constitución Española no se cumple en algunas ocasiones en su letra, pero mucho menos en su espíritu, en su fondo; en aquello para lo que estaba pensada y fue prevista. Por definición una Constitución es un marco, una estructura legal para regular la convivencia del pueblo que la aprueba y a la que está llamada a regir. Y la Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho. Pero en España ni hay estado social porque los políticos cada vez más se afanan en empobrecernos, ni democrático pues sólo se acuerdan de este vocablo cada cuatro años, ni de Derecho pues se aplica a conveniencia del momento y de los intereses en juego ¿Cómo puede definirse social un Estado cada vez más acuciado por el desempleo, la falta de vivienda, la precariedad laboral, la ausencia de crédito o la paulatina pero inexorable privatización de sus servicios públicos? ¿Cómo puede definirse democrático un Estado en que el partido en el Gobierno ha hecho exactamente lo contrario de aquello que prometió en su programa? ¿Cómo puede definirse de Derecho un Estado en el que Artur Mas vulnera la Ley sin que pase nada o la corrupción campe a sus anchas? No hay voluntad política de aplicar la Ley, la Constitución, en su letra y... en su espíritu ¿De qué inconveniencia podría adolecer nuestra Carta Magna si los responsables de aplicarla fueran leales en su labor? Hablo de políticas de protección al trabajador y no de reformas laborales que rozan la esclavitud, hablo de respeto al compromiso adquirido con el votante y hablo de ejemplaridad en la función pública, lealtad entre las instituciones del Estado y de respeto a la independencia de jueces y tribunales. Efectivamente la Constitución no es un texto inamovible sino que está abierta a su reforma y la misma está prevista en la Carta Magna. Pero mi mayor incertidumbre es conocer qué van a traer de nuevo aquellos que incumplen lo viejo.
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