Igualdad, mérito y capacidad son los principios informadores que la Constitución y las leyes prescriben para el acceso a la función pública. Igualdad para perder poder adquisitivo tanto en épocas de bonanza como de crisis económica, mérito para ser los primeros en ver sus condiciones laborales mermadas, y capacidad para ser los grandes pagadores de las crisis originadas por otros. Este es el papel que desdichadamente les toca afrontar a los empleados públicos en el transcurso de su vida profesional. Se me ocurren pocos colectivos igual de castigados cuando las cosas vienen mal dadas.
A todo lo dicho anteriormente se añade además una leyenda negra de trabajadores poco productivos, cuando no holgazanes. Pero estos vituperios no son sino infundios que responden a la envidia de aquellos que no han tenido los arrestos suficientes para superar unas oposiciones, la ignorancia, o al mal ejemplo de algunos, que como en todos los colectivos, afean y restan lustre a una labor colectiva ejemplar y necesaria. El funcionario, para serlo, ha debido de trabajarse previamente una formación académica necesaria para poder aspirar a la plaza a la que oposita, posteriormente, hacer un desembolso importante para prepararse con garantías aquellos exámenes que le abran las puertas de un empleo público, sacrificar su tiempo y en muchos casos a la propia familia en esta tarea, y finalmente competir con auténticas legiones de aspirantes que al igual que él entran pelean para hacerse con este premio a la constancia, el sacrificio y el esfuerzo, que es trabajar para la administración.
Cuando hablamos de funcionarios tendemos a pensar en burocracia y labores de naturaleza administrativa, pero no debemos olvidar que los médicos que nos curan, los maestros que nos educan, los jueces y fiscales que luchan a diario por la consecución de algo tan bello como la Justicia, Guardia Civil y Policía Nacional que velan por la salvaguarda de nuestros derechos e integridad, ingenieros, investigadores... también son funcionarios. Son sus cargos y desempeños la encarnación de la más alta dignidad que le pueda corresponder a un sujeto que forma parte de una institución política como es el Estado, el servicio a los fines del interés general y del bien común, el servicio público.
Por eso es especialmente grave que sea la propia administración, que tendría que ser la primera en velar por el bienestar e indemnidad de sus propios trabajadores ajenos a toda culpa, la que con menos respeto trata a sus empleados. Recortes y congelación de salarios, pérdida de derechos, subidas de impuestos... así, la administración, a través del Gobierno, prevé en los presupuestos de este año 2014 un incremento del 2,4% para asesores y cargos de libre designación, en su mayoría, personas del todo ajenas a estos fines de interés público y verdaderos culpables del sambenito colocado a los restantes perceptores de sueldos públicos que verán reducido el presupuesto correspondiente a su partida en un 1,47%. Así, sencillamente, se comete una de las peores injusticias posibles por quien debería ser el garante de evitar esta situación de desamparo.
Todo esto hace especialmente doloroso que los funcionarios y demás empleados públicos de mérito acreditado, nuestros trabajadores y servidores, sean los primeros siempre en pagar las culpas de todos aquellos que jamás han oído hablar en sus vidas de mérito, igualdad y capacidad y sí de enchufes y dedazos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario