La huelga de los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio público de recogida de basuras en Madrid ha ocupado gran parte de la información nacional e incluso internacional a lo largo de estos últimos días. Suciedad de las calles, mala imagen de una ciudad, molestias, olores, cumplimiento de servicios mínimos... buena parte de la opinión pública se pregunta al respecto hasta qué punto son lícitas ciertas actuaciones de los huelguistas.
La regulación constitucional y demás derecho de aplicación establecen que el derecho a huelga está limitado por el respeto de los servicios esenciales de la comunidad, pero esto sólo nos da una respuesta parcial a un problema de fondo, el motivo de la huelga, que con mucho y como suele suceder, supera a lo previsto en las leyes. Eran más de mil familias de un total de seis mil efectivos con que cuenta el servicio de limpieza de Madrid las que iban a quedarse en la calle. Al resto le esperaban importantes rebajas salariales sobre un colectivo en el que el trabajador que más cobra percibe mil trescientos euros mensuales, y el que menos, quinientos. Periodos de paro forzados, subida de jornada laboral, etc. En definitiva un desastre que habría supuesto la pobreza para muchas de estas familias afectadas.
Ante esto no se puede pedir una respuesta tibia, haciendo empalago como solemos del respeto al Estado de Derecho y las leyes. Entre otras cosas, porque respetar el Estado de Derecho (social y democrático, que así comienza su definición por las leyes que defienden a ultranza los que ven en esta huelga un abuso) es también defender un mínimo de dignidad de los trabajadores, y las pretensiones de las empresas concesionarias no iban precisamente por este camino según ha quedado expuesto.
El trabajador está hoy más desprotegido que nunca. Se puede hacer de él prácticamente lo que se quiera, sin reparar, que hay familias que para llevar el pan a sus casas dependen única y exclusivamente de esos sueldos para procurarse un mínimo existencial que ahora niegan en favor de términos inhumanos como productividad, ahorro de costes salariales y competitividad.
Efectivamente, sería estúpido negar las lógicas molestias que producen las huelgas, más una como esta, pero sería más estúpido aún dejar de hacer todo lo posible para evitar el daño que se produce a una familia cuando pierde su medio de vida y la dignidad del trabajador cuando se menoscaban sus condiciones materiales de contratación. Sencillamente no se puede permanecer quieto ante estos abusos que suponen la pulverización de los legítimos derechos de quien aspira a trabajar en unas condiciones mínimamente dignas. Por tanto, poco o ningún reproche cabe hacerse de los que conscientes de esta situación que hoy afecta a estos trabajadores y mañana afectará a otros, defienden sus intereses frente a estas agresiones.
En el plano político, el papel del Ayuntamiento de Madrid en esta huelga supone el agotamiento del crédito que nunca tuvo su alcaldesa, Ana Botella, paradigma del mal hacer de los partidos y que tuvo en su marido, Aznar, su único y principal mérito para ser merecedora de una alcaldía, que ya se vio por el caso Madrid Arena, le quedaba muy grande.
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