LA VIDA SIGUE IGUAL

Que el Ayuntamiento de Jaén y la Diputación provincial se llevan como el perro y el gato no es algo que les vaya a descubrir en este artículo. Igualmente, las relaciones institucionales entre la Junta de Andalucía y nuestro ayuntamiento, tampoco pasan por su mejor momento, siendo benevolentes al referirnos así a las múltiples desavenencias que protagonizan todos y cada uno de los trances en los que estas instituciones tienen asuntos en común. La Ley, pero sobre todo, el sentido común, dictan que la colaboración entre las distintas administraciones que nos gobiernan debería de estar marcada por los principios de colaboración y coordinación, y todo ello, porque redunda necesariamente en el servicio que recibimos los ciudadanos. Sin embargo, la ausencia de estas premisas en las relaciones entre las administraciones mencionadas, da lugar a la ineficacia y el perjuicio que a la postre padecemos.

¿Por qué motivo no se produce ese buen entendimiento entre las administraciones que contribuya a hacernos la vida más fácil a los demás? Porque hay un impedimento que lo ensucia y lo dificulta todo que se llama partidismo. Partidismo que todo lo mancha y pringa y que desluce cualquier intento de hacer las cosas bien. El último enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Diputación de Jaén trae cuenta del convenio, que en 2009, firmó la Diputación con el entonces gobierno de PSOE-IU en el Ayuntamiento de Jaén. Dicho convenio venía a atribuir la gestión y recaudación de las multas, competencia del Ayuntamiento, traspasando su administración a la Diputación provincial. Por este servicio, que hasta entonces venía realizando la corporación municipal, la Diputación se quedaba en concepto de “premio de cobranza”, el 30% del total de lo recaudado ¿Qué finalidad tenía atribuir a la Diputación la gestión del cobro de las multas? Ninguna, simplemente un favor político carente de lógica que iba en detrimento de las arcas municipales, pues el Ayuntamiento dejaba de ingresar ese porcentaje que hasta entonces percibía íntegramente. El PP, entonces en la oposición, lo criticó duramente, y ahora, en el gobierno municipal, ha denunciado el convenio en abril de este año. Sin embargo, si bien la lógica dicta que sea el Ayuntamiento quien retome la gestión y recaudación de las multas en Jaén, lo que se busca es reducir ese premio de cobranza, por debajo de ese 30% antes mencionado. La Diputación de Jaén se niega, argumentando que ese porcentaje únicamente cubre los gastos derivados de la tramitación del cobro de las multas. Lo comido por lo servido, en palabras de los representantes provinciales. Entonces, ¿por qué no asumir de nuevo ese servicio? Porque la Concejalía de Hacienda afirma que la delegación del mismo supuso prescindir de los trabajadores encargados de su realización, siendo que ponerlo en marcha de nuevo generaría un recargo en estos costes. Consecuencia: la posibilidad de que sea una empresa externa la que gestione la recaudación de las multas en Jaén. De esta forma, volvemos a ser los ciudadanos de Jaén los perjudicados por ese partidismo al que hemos aludido anteriormente, y los beneficiados, la empresa, quien sea, y de quien sea, que pueda asumir el servicio. La vida sigue igual.