E PLURIBUS UNUM

"De muchos, uno". En latín, fue uno de los primeros lemas acuñados por los EE.UU. cuando las trece colonias se integraron para conformar un solo país. EE.UU. es un Estado federal, que es el modelo que el PSOE propone para España en una eventual reforma constitucional. Esto sería según los socialistas la respuesta adecuada para cerrar el debate acerca de qué hacer con aquellos que, como los separatistas catalanes y vascos, abogan por la independencia de sus respectivas regiones y la ruptura de la unidad de España. Esta formulación respecto a la organización territorial del Estado no es novedosa sino que viene contando con adeptos desde tiempos de la Primera República Española, como fue el caso de su Presidente, Pi i Margall. Sin embargo, creo equivocada la opinión de aquellos que ven en el federalismo la solución al problema de la vertebración de España. No se puede caer en la simpleza de acudir a un sistema hecho e ideado para articular una nación en concreto y limitarnos a trasponerlo en la nuestra, simplemente, porque las naciones a estructurar son distintas entre sí. España no es una integración o asociación de una pluralidad de Estados independientes que en un momento dado deciden ceder su soberanía y federarse para constituirse en un nuevo Estado.

España es una fundación forjada de la conjunción de distintos factores como son Roma, el Cristianismo y la estatalización y unión política auspiciada por la monarquía visigótica. Tan antigua es esa realidad que en el año 754 un anónimo cronista mozárabe refiere la conquista de España por el Islam como "La pérdida de España". Sólo puede perderse aquello que ha existido con anterioridad. Antes del 711 España ya existía. De ahí que la primera gran tarea nacional fue precisamente recobrar aquella España perdida y que hablemos de Reconquista. En consecuencia España fue, es y seguirá siendo.

Sin embargo, no compartiendo la solución federalista del PSOE, tampoco comulgo con la posición del PP. El Gobierno y el partido que lo sustenta, se escudan en la Constitución para oponerse a la disgregación de España, asume en todo caso que es el conjunto de los españoles el que debe pronunciarse sobre este asunto y no solo los catalanes. Pero esto no es sino otro modo de soslayar una realidad, la existencia de la nación española, en la cual se fundamenta la propia Constitución y no al contrario como bien expresa su artículo segundo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…”. Tan obvio es.

Entonces, frente a la realidad preexistente de la nación española como sujeto político único y determinado ¿qué hay que dialogar?, ¿qué decidir?, ¿acaso tiene derecho esta generación a pronunciarse sobre un ser y su esencia como es la Nación? No, las soluciones a los separatismos no pasan por conformar a aquellos que son insaciables, como pretende el PSOE, pero tampoco por tomar la parte por el todo como hace el PP. España es más que una Constitución, es una Nación. Así, la solución pasa por el reconocimiento de la existencia trascendente e intangible de la nación española.

SERVIDORES Y SERVIDOS

Igualdad, mérito y capacidad son los principios informadores que la Constitución y las leyes prescriben para el acceso a la función pública. Igualdad para perder poder adquisitivo tanto en épocas de bonanza como de crisis económica, mérito para ser los primeros en ver sus condiciones laborales mermadas, y capacidad para ser los grandes pagadores de las crisis originadas por otros. Este es el papel que desdichadamente les toca afrontar a los empleados públicos en el transcurso de su vida profesional. Se me ocurren pocos colectivos igual de castigados cuando las cosas vienen mal dadas.

A todo lo dicho anteriormente se añade además una leyenda negra de trabajadores poco productivos, cuando no holgazanes. Pero estos vituperios no son sino infundios que responden a la envidia de aquellos que no han tenido los arrestos suficientes para superar unas oposiciones, la ignorancia, o al mal ejemplo de algunos, que como en todos los colectivos, afean y restan lustre a una labor colectiva ejemplar y necesaria. El funcionario, para serlo, ha debido de trabajarse previamente una formación académica necesaria para poder aspirar a la plaza a la que oposita, posteriormente, hacer un desembolso importante para prepararse con garantías aquellos exámenes que le abran las puertas de un empleo público, sacrificar su tiempo y en muchos casos a la propia familia en esta tarea, y finalmente competir con auténticas legiones de aspirantes que al igual que él entran pelean para hacerse con este premio a la constancia, el sacrificio y el esfuerzo, que es trabajar para la administración.

Cuando hablamos de funcionarios tendemos a pensar en burocracia y labores de naturaleza administrativa, pero no debemos olvidar que los médicos que nos curan, los maestros que nos educan, los jueces y fiscales que luchan a diario por la consecución de algo tan bello como la Justicia, Guardia Civil y Policía Nacional que velan por la salvaguarda de nuestros derechos e integridad, ingenieros, investigadores... también son funcionarios. Son sus cargos y desempeños la encarnación de la más alta dignidad que le pueda corresponder a un sujeto que forma parte de una institución política como es el Estado, el servicio a los fines del interés general y del bien común, el servicio público.

Por eso es especialmente grave que sea la propia administración, que tendría que ser la primera en velar por el bienestar e indemnidad de sus propios trabajadores ajenos a toda culpa, la que con menos respeto trata a sus empleados. Recortes y congelación de salarios, pérdida de derechos, subidas de impuestos... así, la administración, a través del Gobierno, prevé en los presupuestos de este año 2014 un incremento del 2,4% para asesores y cargos de libre designación, en su mayoría, personas del todo ajenas a estos fines de interés público y verdaderos culpables del sambenito colocado a los restantes perceptores de sueldos públicos que verán reducido el presupuesto correspondiente a su partida en un 1,47%. Así, sencillamente, se comete una de las peores injusticias posibles por quien debería ser el garante de evitar esta situación de desamparo.

Todo esto hace especialmente doloroso que los funcionarios y demás empleados públicos de mérito acreditado, nuestros trabajadores y servidores, sean los primeros siempre en pagar las culpas de todos aquellos que jamás han oído hablar en sus vidas de mérito, igualdad y capacidad y sí de enchufes y dedazos.

DE PROFESIÓN, POLÍTICO

A día de hoy las novedades que sitúan a Fernández de Moya fuera de la alcaldía de Jaén no van más allá del mero rumor especulativo no teniendo siquiera la consideración de noticia. Se dice que no va a terminar su mandato al frente del Ayuntamiento de Jaén, que le aguarda un puesto como Secretario General del PP Andaluz cuando se renueve su cúpula, y también se ha dicho que podría entrar en los planes de una crisis de Gobierno del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En cualquier caso, más allá de lo que vaya a suceder en este punto, hay una reflexión que se abre paso incontenible cuando se habla del destino que va a seguir tal o cual político.

Siempre he creído que la vocación de servicio público tiene que ser el detonante que empuje a una persona a dedicarse a la política. A la misma vez, también estoy de acuerdo en que por la responsabilidad que asume el político, esté remunerado y bien remunerado, con dignidad. No haré demagogia en este aspecto. Esto que defiendo no es otra cosa que lo que se ha venido a llamar político profesional (un servidor público electo que mientras desempeña sus cometidos cobra por ello).

El problema surge cuando se pasa de ser político profesional a ser profesional de la política, dos conceptos radicalmente opuestos. Así, ejemplos de esto último no nos faltan sino que abundan, políticos que cuentan sus años en la cosa pública por décadas. Los profesionales de la política de los que hablo han sido de todo, concejales, alcaldes, parlamentarios, senadores, diputados, ministros… ¿Dónde está el colmo para esa “vocación de servicio público” en este tipo de casos? ¿De verdad puede sentir una misma persona el sano deseo de ser todo eso?

Creo que alguien que quiera estar un tiempo en política (nótese también la diferencia entre estar en política y ser político), debe fijar bien sus preferencias desde un principio y acotar por sí mismo el tiempo de su vida que tiene previsto dedicar a la misma. Es cierto que quienes incurren en esta situación vuelven a ser votados elección tras elección por los votantes y por ello se alargan sus mandatos. Pero también es cierto que son los partidos sobre los que normalmente ostentan posición de poder, los que por el sistema que tenemos, los vuelven a designar una y otra vez para tal o cual puesto sin reparar en nada más que en la victoria electoral.

En esta situación se encuentra también nuestro alcalde pese a su juventud, porque a sus cuarenta y cuatro años ya ha sido concejal, parlamentario andaluz y ahora es senador, alcalde y presidente del PP provincial desde el año 2000.

Si el alcalde lee esto, no se enfade, pondere el consejo que le doy y cuando deje de serlo ahora o más tarde, no se deje cegar por las pompas del poder y piense que su profesión es la de profesor universitario de la Universidad de Jaén, él bien lo ha dicho en varias ocasiones.

UNA DEUDA GENERACIONAL

En un reciente estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud realizado a jóvenes de 18 a 24 años se desprende que el 48,6% de los jóvenes españoles de ese rango de edad aceptaría cualquier trabajo, en cualquier lugar y aunque tenga un sueldo bajo. Asimismo, el 84,9% considera muy o bastante probable tener que trabajar en lo que sea y el 61,7% considera igual de probable tener que irse al extranjero. Estos datos son fiel reflejo de lo que vemos en nuestra propia casa, nuestra familia o nuestro entorno, y revelan la situación de falta de empleo por la que atraviesan los jóvenes en España, pero lo más importante, señalan la existencia de una desesperanza acuciante que ha desembocado en una triste resignación y asunción de una realidad de rostro arisco e inmisericorde que está dando al traste con las legítimas aspiraciones de quienes ninguna culpa tienen de estas circunstancias.

Más bien al contrario, hay toda una generación a la que le fue transmitido el siguiente mensaje, “estudia para labrarte un buen trabajo, algo de provecho”. La juventud ha estudiado para lograr esta promesa, pero hecho el esfuerzo no ve el resultado. El paro y la precariedad laboral son pandemia en la sociedad española, pero castiga con especial saña a los jóvenes, también a los que cuentan con un nivel de estudios universitarios o superior. No hay trabajo, y en el mejor de los casos, aquel que lo encuentra raramente lo ve corresponderse con aquello que podía esperar debido a su preparación. Partiendo de la base de que todas las profesiones son igual de dignas y respetables, tenemos médicos o juristas que ejercen de dependientes de grandes almacenes o camareros; o ingenieros, que deben huir al exterior en busca de una oportunidad para desarrollarse profesionalmente, por citar algunos ejemplos.

Esta encrucijada constituye la mejor forma de tirar a la basura años de formación de buenos profesionales así como el coste generado a la administración en esta educación. Más aún, la frustración de unas esperanzas puestas en poder llevar una vida cómoda o al menos digna. Igualmente, no sólo los jóvenes afectados por el desempleo han sido los grandes perjudicados por la coyuntura económica, sus padres, artífices mediante su sacrificio de que sus hijos hayan podido estudiar, querían para ellos una vida y profesiones que ahora se les niegan. La desilusión es doble.

No puede pedírsele más a esta juventud, la crítica está justificada. Sería erróneo incluso achacar a la cuestionada calidad de la educación en España el origen de este problema, han sido instruidos en la educación que previamente se ha planificado por quien la imparte.

Así, volviendo al título de este artículo, hay una deuda cierta, real y de obligatorio cumplimiento con toda una generación, esa de la que habla el estudio dicho y que está en peligro de arrastrar de por vida las consecuencias del paro y la precariedad laboral, una vida supeditada a estas condiciones. Por eso, si alguna vez remonta la situación económica en España, se tendrá que hacer justicia con esta juventud que todavía espera lo que legítimamente se le debe.

NI DERROTADOS NI VENCIDOS

No podía ser otro el escenario elegido que un antiguo matadero el lugar donde se escenificase el sábado pasado una exhibición genuinamente macabra, la de setenta presos de ETA puestos en libertad a raíz de la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot. Fue en la localidad vizcaína de Durango, y en dicho acto, los autodenominados “luchadores del movimiento de liberación” exigieron la inmediata amnistía total para el resto de etarras encarcelados, en su argot, “víctimas del conflicto”.

Claro está, la lista de agravios y humillaciones causadas no estaba aún completa para ellos en toda esta lóbrega historia. A la libertad decretada para unos asesinos que han manchado sus manos con la sangre de la muerte y mutilación de hombres, mujeres y niños, se une que muchos de ellos han penado escasamente unos meses de cárcel por cada una de las víctimas causadas. Posteriormente, tuvimos que aguantar el ver cómo eran recibidos en sus pueblos con auténtica alegría y alborozo. Ahora comparecen públicamente con absoluto descaro, declarándose, como se ha hecho por boca de José Antonio López Ruiz, Kubati (etarra condenado por 13 asesinatos) "receptores directos del sufrimiento padecido y generado".

En cualquier caso este acto no debe de extrañarnos o escandalizarnos sabiendo de quiénes proviene, porque esto y más cabe esperarse de etarras. No es así la reacción que cabría esperar de un Estado regido por instituciones mínimamente serias ¿Imaginan una comparecencia pública de Bin Laden en territorio estadounidense haciendo rechifla de sus masacres? ¿Y en Reino Unido? ¿Francia? ¿Rusia? Pues en España esto sucede. Sucede y se consiente por quienes están en la obligación no ya legal, sino moral, de impedirlo a toda costa, puesto que su sola posibilidad de producirse, es la constatación de hasta qué punto están degradadas las instituciones de un Estado que son incapaces de proteger su misma existencia, que es lo que por otra parte, estos setenta etarras y todos sus compinches han negado a través del asesinato durante todo este tiempo.

El Gobierno no puede excusarse como así pretende en la decisión de un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de no impedir el acto de Durango para así eludir cualquier responsabilidad. Si el criterio del juez ha sido el de no evitar el escaparate etarra, el del fiscal ha sido exactamente el mismo, recordando eso sí, que la fiscalía actúa funcionalmente por dependencia jerárquica y al Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno. El Gobierno ha tenido ya muchas oportunidades y ocasiones de promover la acción de la Justicia contra ETA y sobre todo su mundillo político (SORTU y BILDU) y no lo ha hecho, y eso no es por falta de medios sino por falta de voluntad.

En definitiva, todo esto no hace sino desmentir un mantra que por más veces repetido no es cierto. ETA no está derrotada ¿Cómo iba a estar derrotada una organización criminal que no se ha disuelto, que no ha pedido perdón, que no ha entregado las armas, que no ha reparado a sus víctimas y que se permite el lujo de presentarse impunemente ante la sociedad en semejante ejercicio de cinismo y escarnio?

AÑO MUY NUEVO

El año 2013 toca a su fin y en consecuencia es momento de hacer balance de cómo le ha ido a la sociedad a lo largo del mismo. Los gobiernos de las distintas instituciones públicas y los partidos políticos comparecen para ofrecer su versión a modo de resumen sobre la marcha de los asuntos públicos y la narración de lo hecho y de lo dejado por hacer en estos doce meses varía en gran medida dependiendo de la trinchera desde la que se nos ofrezca el “parte de guerra”.

A nivel nacional el Gobierno se esfuerza en vender los logros que según el Partido Popular se han alcanzado en materia económica. “Lo peor de la crisis ha pasado ya” se nos dice desde el Ejecutivo presidido por Rajoy. Junto a este eslogan se pretende resumir en breves palabras algo que aún no se puede contrastar a nivel de calle, la situación real del grueso de la población todavía está desgraciadamente marcada por el desempleo y la asfixia económica. Se ha esgrimido todo un abanico de argumentos por el Gobierno para fundamentar estas declaraciones de buenos augurios, pero desde la oposición, encarnada principalmente por el Partido Socialista, se nos dibuja un panorama radicalmente distinto a lo anterior. Se nos habla de la persistencia del paro, de los recortes en sanidad y educación, de la limitación o pérdida de derechos y libertades públicas, etc. Un análisis más ecuánime que los facturados interesadamente por Gobierno y oposición sería, para el primer caso, plantearse la siguiente cuestión: ¿Estamos mejor desde que gobierna el Partido Popular? Y para el segundo caso, ¿está el PSOE más capacitado que el PP para conseguir remontar esta situación? En ambos supuestos, la respuesta que en mi opinión cabe esperar deja bastante desnudos los argumentos que uno y otro partido puedan ofrecer para justificar sus tesis, que el tiempo se encargará de desmentir o respaldar. Esta colisión de pareceres es trasladable a los estratos regional o local.

Sin embargo, se abre un año, 2014, que vendrá jalonado de acontecimientos decisivos a corto plazo. En primer lugar se habla de una crisis de Gobierno que podría producirse a la vuelta de la Navidad y que tendría su causa en un revulsivo al desgaste sufrido, pero que entronca a su vez con la precipitación de las elecciones europeas, segunda cita importante, pues será el auténtico medidor de hasta qué punto la sociedad está verdaderamente desencantada con el actual sistema, y sus hijos, los partidos políticos hasta ahora preponderantes.

Será 2014 también el año en que se desvele si Rubalcaba será sustituido y por quién al mando de los socialistas. Veremos igualmente si hay continuidad en la fuerza torrencial con que Susana Díaz ha irrumpido en escena, el curso que va tomando el disparate de la consulta separatista en Cataluña, y por último, en Jaén, tanto la reconstrucción de la oposición si es que se produce, así como el despeje de esa incógnita que, aunque solo rumorosa, sitúa a nuestro alcalde en otros destinos de los que actualmente desempeña. Mientras tanto, cada uno de nosotros, deberá afrontar lo que el año nuevo le depare. Para ello, mis mejores deseos. Feliz año 2014.

INTERÉS GENERAL VS INTERÉS PARTICULAR

Si con la definición formal de España como un Estado democrático creemos que está todo hecho nos estamos equivocando y muy gravemente. En no pocas ocasiones se producen colisiones entre la soberanía nacional manifestada a través de las urnas y otros intereses, que al contrario de los primeros, no están legitimados por el apoyo de una mayoría representada por el voto. Nuestros intereses colectivos y nuestra voluntad como pueblo no están siendo respetados como debieran y menos aún en este momento.

Ejemplificando lo dicho, pensemos en cuántos organismos internacionales, o lo que es peor, intereses económicos, acaban por torcer cuando no contravenir, los intereses generales o lo votado por los españoles democráticamente.

Por ser la economía un asunto protagonista comencemos por esta materia. Pensemos en la llamada troika. Conformada por la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, a pocos se les escapa que las directrices marcadas por este organismo pesan mucho, cuando no son determinantes, en la política económica que sigue nuestro Gobierno. A ella le debemos subidas de impuestos, recortes sociales y otras pérdidas de derechos muy dañinas y dolorosas. La troika y los miembros que la conforman no han sido elegidos por nuestros votos, y sin embargo, sus criterios han sido bastante más obedecidos que el de un votante cualquiera del PP que en las últimas elecciones generales confiara en este partido para bajar los impuestos tal y como recogía su programa.

Sigamos con las compañías eléctricas, otro problema de actualidad. Sube sin parar el recibo eléctrico y el Presidente del Gobierno, que tiene el mandato de gobernar auspiciado por el resultado de las urnas, nos dice que "intentará" hacer todo lo posible para evitar esa subida del recibo. Las declaraciones de Rajoy al respecto no pueden ser más desesperanzadoras para aquellos que legítimamente pretendemos que sea el interés general el que prime en toda decisión que nos afecte, como es el caso, ¿nos está diciendo Rajoy que un jefe de Gobierno respaldado por una mayoría absoluta no tiene la capacidad de impedir las pretensiones de unas empresas cuando es evidente el daño que producen al interés general? A las compañías eléctricas tampoco las hemos elegido con nuestro voto.

Podríamos continuar este relato por las malas prácticas seguidas por los bancos, sin que el Estado haya puesto coto a sus desmanes por todos conocidos, por el abuso de las compañías petrolíferas en los precios que cobran por el combustible, por las prácticas de las empresas de telefonía móvil, tan ampliamente criticadas por los consumidores... En definitiva, el ciudadano se pregunta para qué sirve el Estado, además de recaudar impuestos, si no es para ejercer la fuerza que democráticamente le corresponde para hacer primar en cualquiera de estos casos el interés general de los españoles sobre otros distintos y poner fin al abuso ejercido por quien solo obedece a sus propios intereses sin tener el respaldo de los votos.

La respuesta es que, para que esa voluntad general sea efectiva, es necesaria la existencia de un Estado fuerte, producto de la soberanía nacional, que tenga la última palabra en todo aquello que afecte a los intereses generales de los españoles.